La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen “un duro batacazo” en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán “consecuencias negativas” después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.