La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la normativa del Gobierno que permitirá la instalación de 500 nuevos megavatios (MW) de potencia eólica está alejada de la realidad porque no se ha consultado al sector, rebaja un 60% los incentivos ya contemplados en la reforma energética y “deja sin resolver la inseguridad jurídica del actual modelo regulatorio”. Otras asociaciones renovables como APPA y UNEF critican “la improvisación” y “la discriminación” en la forma de actuar del Gobierno.